El Foro enfatizó la existencia de una reforma laboral de facto, sin trámite legislativo,
El Foro enfatizó la existencia de una reforma laboral de facto, sin trámite legislativo, “encubierta”. Guido Brunet Abogados de sindicatos confluyeron en un único espacio, el Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales, que difundió su documento fundacional con un claro programa de oposición a las políticas oficiales. En una única foto aparecen, por ejemplo, Hugo Moyano (hijo), de Camioneros; Guillermo Gianibelli (Metrodelegados), Noemí Rial (Unión Ferroviaria), Matías Cremonte (ATE), María Paula Lozano (Aceiteros), Juan Manuel Martínez Chas (Transporte), Luis Enrique Ramírez (Pilotos), Héctor Recalde (por años asesor de la CGT), Guillermo Pajoni (Federación Judicial). Todos en un mismo espacio. Una expresión de unidad sindical. El Foro enfatizó la existencia de una reforma laboral de facto, sin trámite legislativo, “encubierta”, a través “de todo tipo de presiones a los sindicatos para modificar a la baja los Convenios Colectivos de Trabajo con la consecuente pérdida de derechos para los trabajadores”. El documento precisó la existencia de un plan “sistemático” para vulnerar los derechos laborales que tiene como herramienta privilegiada la afectación de la autonomía sindical. “Vivimos una vulneración sistemática de la libertad y democracia sindical de trabajadores/as y de sus organizaciones, a través de la acción u omisión de la autoridad de trabajo y de parte de la justicia federal penal con el fin de criminalizar a la organización sindical e impedir el ejercicio de los derechos sindicales constitucionalmente garantizados”, señala el comunicado. El documento completo Las/os integrantes del Foro de abogadas y abogados de organizaciones sindicales rechazamos enérgicamente la eliminación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina y la supresión de gran parte de sus facultades. Denunciamos la sistemática violación por parte del gobierno nacional de los derechos vigentes en materia laboral y repudiamos el proyecto de reforma laboral y la que se lleva a cabo en forma encubierta a través de todo tipo de presiones a los sindicatos para modificar a la baja los Convenios Colectivos de Trabajo con la consecuente pérdida de derechos para las/os trabajadores. Vivimos una vulneración sistemática de la libertad y democracia sindical de trabajadores/as y de sus organizaciones, a través de la acción u omisión de la autoridad de trabajo y de parte de la justicia federal penal con el fin de criminalizar a la organización sindical e impedir el ejercicio de los derechos sindicales constitucionalmente garantizados. Así, la restricción al acceso a las actuaciones administrativas en lo que queda de la cartera de trabajo no responde a la ineficacia en la gestión, sino que se trata de una verdadera política oficial que se ejerce con el objeto de impedir el seguimiento de los expedientes que tramitan especialmente ante las Direcciones de Asociaciones Sindicales y de Relaciones Laborales, para afectar los derechos de peticionar al Estado, de debido proceso y de defensa en juicio. Asimismo, la persecución por parte del gobierno desplegada contra abogados/as y jueces/zas laborales es ejercida con la única finalidad de desprestigiar y disciplinar a actores que tienen por misión garantizar la Autonomía Sindical, neutralizarlos en su accionar y desmantelar la justicia nacional del trabajo. En esa línea se enmarca el traspaso del ámbito nacional al de la ciudad que enérgicamente rechazamos también en este documento. De la sistemática violación de los derechos sindicales vigentes componen sus más graves expresiones: Intervenciones a las entidades sindicales y utilización de sus recursos por parte de los interventores nombrados por el poder político y/o judicial. Persecución política contra dirigentes, abogados y jueces del trabajo. Represión de conflictos colectivos de trabajo. Aplicación de multas impuestas o instadas con fines de atentar contra la acción Sindical (especialmente la negociación colectiva y la huelga). Inspecciones arbitrarias llevadas a cabo por la AFIP a los gremios no alineados al gobierno con el objeto de suprimir su derecho a la exención en el pago del impuesto a las ganancias. Utilización arbitraria y contraria a la ley de la conciliación obligatoria con el objeto de obstaculizar el ejercicio del derecho de huelga. Pasividad y omisión en el cumplimiento de la ley vigente frente a despidos masivos. Omisión a la convocatoria de paritarias. Violación a la normativa respecto de la homologación de acuerdos y convenios colectivos. Indebida injerencia y manipulación en los procesos electorales sindicales. Falta de expedición de certificaciones de autoridades, con el consecuente perjuicio a los Sindicatos por la dificultad que implica para su operatoria. Incumplimiento de los requerimientos judiciales. Falta de trámite y resolución de las peticiones efectuadas por los sindicatos y de las solicitudes de inscripciones y personerías gremiales. Se trata de una ostensible decisión Gubernamental de afectar derechos fundamentales consagrados por la Constitución Nacional e Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado Argentino, vulnerando con tal accionar las garantías de las/os trabajadores/as y sus organizaciones e imposibilitando de tal modo el desarrollo de nuestra profesión. Observamos que parte de la justicia nacional del Trabajo y el Ministerio Público Fiscal no cumplen adecuadamente con las garantías de tutela de los derechos sindicales en relación a la actuación por acción u omisión de la autoridad administrativa del trabajo. En este sentido no desconocemos que también se ven perjudicados por la cantidad de conflictos provocados en sede administrativa y que además han sido objeto de todo tipo de maniobras para limitar su accionar. Es por todos estos motivos que decidimos reunirnos en un espacio de encuentro que hemos denominado Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales, para denunciar las políticas y medidas del actual gobierno y desplegar acciones en defensa de los derechos sindicales vigentes. Convocamos a todos las/los abogadas/os sindicales que decidan sumarse. ALFIE, Ana C.; AMARTINO, Mariana; ANDRIOTTI, ROMANIN; Roberto M.; ARAKAKI, Lucas; ARGIZ, Rodrigo; BAGNERA, Eliana; BALDO, Miguel; BLANCO, Mario A.; BARRAZA, Alexis; BECHETTI, Cesar; BELLAVIA, Sabrina E.; BENZION, Cynthia; BERNAT, Alejandra; BREX, Pablo; BIANCHI, Paula Antonella; BRITOS, Juan Manuel; BUSTOS FIERRO, Marcelo; CATTANEO, Pedro; CERRA, Pablo Martin; CIAMPA, Gustavo A.; CREMONTE, Matías; CONTINO, Luisa Graciela; DORIA, Luciano; ELGORRIAGA, Leonardo; Luciano; ELIZONDO, Jorge Luis; FANCHIN, Luis; FERRARI, Alejandro; FERRETTI, Gastón; FERRETTI, Dante; FOJO, Sandra; GARCIA, Héctor Omar; GELBER, Fernando; GIANIBELLI, Guillermo; GONZALEZ, María de las Mercedes; GUZZARDI, Darío; IZAGUIRRE, Javier F.; LANCHINI, Matías; LENTA, Juan; LORETI, Damián; LOIMIL BORRAS, Juan Manuel; LOZANO, María Paula; LUENGO, Hernán; MACIA, Leandro; MANSILLA, Adrián; MATARRESE, Adolfo; MARTINEZ CHAS, Juan Manuel; MEGUIRA, Horacio D., MIÑO, Gustavo A.; Horacio; MOYANO, Hugo A. (h); NUGUER, Jaime; NUGUER, Verónica; PAJONI, Guillermo; PALACIO, Cesar; PASTORINI, Jorge; PEÑAROL MENDEZ, Melina; PIASEK, León; PIZZOLORUSSO, Carlos; PUENTE, Mariano; PUJADAS, Marta; QUINTEROS, Verónica; QUINTEROS, Paula A; RAMIREZ, Luis E.; REBOREDO, María Cecilia; RECALDE, Héctor P.; RECALDE, Leandro; REYNER, Hugo; RIAL, Noemi; RODRIGUEZ, Enrique O.; RODRIGUEZ BRUENGO, María Fernanda; RODRIGUEZ DEL CID, Horacio; ROSLI, Pablo; RUIZ, Álvaro D.; SALVO, Natalia B.; SZTERNSZTEIN, Carlos Pablo; SCHWARTZ, Felipe; SEGAL, Ernesto M.; SOSA, Fabiana; SOSA, Graciela; SUAREZ, Mariano; TAUBER SANZ, Nicolas; TESSARI, Iván; TOPET, Pablo A., TRIBUZIO, José; VALENTE, Gastón; VALENZUELA, Lautaro; ZAMBONI SIRI, Carlos; ZANG, Diego; ZANGRANDI, Martin; ZAS, Ernesto.