una nueva intervención judicial clausurando ramales ferroviarios se suma a una serie de acontecimientos, cotidianos en nuestro país, que demuestran que el poder del lobby del sector automotor no sólo no para sino que está al rojo vivo.
Durante la madrugada del martes 8 de marzo, la locomotora y varios coches del tren 333, que partió desde Plaza Constitución con destino a Bahía Blanca, descarrilaron en cercanías de estación Pourtalé, a 10 km de la estación Olavarría, Provincia de Buenos Aires. De las 479 personas que se encontraban a bordo, 21 sufrieron heridas menores y fueron asistidas por el personal de Trenes Argentinos y diferentes áreas del municipio de Olavarría, policía, bomberos y personal de Defensa Civil.
Según Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, la locación donde se produjo el descarrilamiento “es un sector de vías en buenas condiciones con la posibilidad de correr a 80 km/h”. Sin embargo, en relación a las causas del mismo, el funcionario manifestó desconcierto: “Si uno ve el lugar y observa cómo han sido extraído los rieles, no le encuentra explicación lógica”, aunque también indicó que podría tratarse de un “objeto que entorpeció la marcha” y hasta de un “posible exceso de velocidad”.
Si bien el domingo 13 de marzo se encarriló el último de los coches que se encontraba fuera de las vías y desde Trenes Argentinos aseguraron que el servicio iba a reanudarse el jueves 17, tres días antes de esa fecha, el Juzgado Federal N° 1 de la localidad de Azul decretó la prohibición cautelar del restablecimiento del servicio de trenes de pasajeros Constitución – Bahía Blanca. Así mismo el juzgado dispuso que las empresas Trenes Argentinos, Ferro Pampeana SAC y SOFSE Roca, deberán: elevar al Juzgado un informe técnico con el relevamiento e inspección del ramal completo; que detalle el estado de las vías, terreno y fundamentalmente especifique si el mismo garantiza la seguridad de los pasajeros y del personal ferroviario dentro de los estándares técnicos aplicables; así como también informar al Juzgado cuáles son las medidas de seguridad que se adoptarán para garantizar la seguridad de los pasajeros y personal ferroviario y remitir el plan de implementación con detalle de metas y en su caso de plazos.
Para preservar la seguridad en vez de clausurar “sin pericias técnicas previas” la circulación de los trenes, la Justicia debería exigir a las empresas la reparación de la
infraestructura y material tractivo y rodante, ajustando a derecho la responsabilidad empresarial. La clausura de servicios ferroviarios “sin pericias técnicas previas”, afecta económicamente a los sectores populares que utilizan el ferrocarril por sus tarifas sociales económicas.
Por supuesto que el suceso de Olavarría, no es un hecho aislado. Es una demostración más de que el poder de lobby del sector automotor no sólo no para, sino que está al rojo vivo. Apenas 3 días después del descarrilamiento en Olavarría, el viernes 11 de marzo descarriló una locomotora de Trenes Argentinos Cargas (Línea Urquiza) en Villaguay, Provincia de Entre Ríos, que circulaba con tolvas pedreras. Al llegar la formación al paso a nivel de Empalme Villaguay el personal de conducción se encontró con que Vialidad Nacional de dicha provincia había tapado las vías con asfalto, lo cual ocasionó que el tren se saliera de la vía.
Otro viejo ardid explotado por los personeros del lobby automotor fue el que trascendió durante la finalizada temporada estival, más precisamente durante el mes de enero, cuando partió un tren de pasajeros desde Tucumán, sin pasajeros a bordo, pero con todos los pasajes vendidos. La Fraternidad denunció a esta maniobra como una vieja estrategia de las empresas de ómnibus
para perjudicar a los servicios ferroviarios, denuncia que la empresa Trenes Argentinos se encargó de desacreditar, ya que, según sus representantes, que ésto haya sucedido “es muy poco probable”. No obstante, sabemos bien que desde hace décadas se ejecuta la estafa de
comprar la totalidad o gran parte de los pasajes de un servicio ferroviario determinado, cuyos precios son bajísimos, obligando a los usuarios del ferrocarril a recurrir al ómnibus para movilizarse.
El malestar ferroviario también responde a las conductas de funcionarios públicos que violentando la Ley se adueñan de terrenos ferroviarios que son propiedad de la Nación utilizándolos para distintos fines pero jamás para atender el déficit habitacional entre los trabajadores ferroviarios, cuyo 60% no cuenta con una vivienda propia. El vasto capital de propiedades ferroviarias no operativas, que quedaron abandonadas con el progresivo desmantelamiento de los ferrocarriles durante las últimas décadas, debiera utilizarse para impulsar económicamente el desarrollo de la infraestructura de la industria ferroviaria, permanentemente saqueada.
La ocupación ilegal de tierras para el asentamiento precario es consecuencia del déficit habitacional que se viene desarrollando en la Argentina ante la desaparición del Estado de Bienestar y las políticas neoliberales que ocuparon su lugar. En este contexto hay quienes se
aprovechan de esta situación para hacer viles negocios, como los desatados a partir de los asentamientos sobre las vías en Retiro, los cuales tienen por objeto que el ferrocarril no llegue al puerto, beneficiando intereses de empresas del autotransporte.
Demostraciones de esta degradación se desarrollan día a día y son el reflejo de las complicadas situaciones que deben atravesar quienes trabajamos y/o usamos los trenes. Apedreadas, robo de materiales de la infraestructura ferroviaria, intrusión de vías y playas de maniobras, aparición de objetos depositados en las vías y otras formas de ataques violentos, se suceden a diario ante la pasmosa contemplación de quienes deberían interceder.
La Fraternidad anunció el 19 de marzo el estado de alerta y movilización, en defensa de la Industria Ferroviaria y los puestos de trabajo vulnerados ante los permanentes ataques hacia los servicios ferroviarios, mediante acciones irregulares de todo tipo y desde diferentes ámbitos: comunas que han asfaltado vías en los pasos a nivel o que impiden que los trenes paren en las estaciones de sus localidades como en Chascomús; la compra fantasmal de pasajes ferroviarios para derivar usuarios al autotransporte; y muy especialmente ante las conductas de los jueces que prohibieron la circulación ferroviaria entre Bs As y Bahía Blanca, beneficiando a empresas automotoras a partir de medidas legales tendenciosas que golpean al ferrocarril, en un país donde mueren más de 5.000 personas en accidentes de transito carretero.
Al cierre de la presente edición La Fraternidad anuncia un Paro Nacional denunciando todas estas cuestiones en “Defensa de la Fuente Laboral y nuestra industria ferroviaria”. Exponiendo públicamente las irregularidades de una Justicia federal que en vez de aplicar lo que la Ley de Ferrocarriles establece con precaucionamientos adecuados, clausura y restringe servicios para favorecer intereses empresariales del sistema automotor.
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