“La huelga y los derechos del trabajador”

Llama la atención que en la Argentina cada tanto reaparezcan comentario y criterios que apuntan a cuestionar o incluso abiertamente atacar el rol del sindicalismo

Y resulta particularmente llamativo por dos aspectos de la cuestión.

Ante todo, porque en su larga historia de las organizaciones gremiales han dado acabadas pruebas de su importancia en la formación de una  conciencia entre los trabajadores para cimentar la solidaridad y la justicia social, valores que son claves para cimentar la convivencia democrática.

Uno de los aspectos sumamente llamativo es que los comentarios en contra de la actividad gremial suelen desempolvar, los ya conocidos argumentos del llamado “neoliberalismo”. En un país donde la aplicación de las recetas neoliberales casi destruye por completo la sociedad y la convivencia en ella, con efectos que siguen repercutiendo sobre los niveles de desempleo, pobreza e indigencia que padece nuestro pueblo, parece inconcebible que se reiteren planteos de ese tipo.

Efectivamente, cada vez que se ponen en juego las negociaciones paritarias o que las organizaciones gremiales se ven obligadas a recurrir al derecho de huelga ante la intransigencia y falta de diálogo de los sectores empresarios o del gobierno, aparece el ataque, abierto o solapado, contra ambas instituciones del derecho laboral colectivo, que como “chivo expiatorio” señala a las organizaciones sindicales, descargándole la culpa por las consecuencias de las políticas económicas del sector privado y de los funcionarios públicos de turno.

Así, por ejemplo, no falta quienes atribuyan a las cláusulas de las Convenciones Colectivas ser las “culpables” de la existencia del trabajo “en negro” o de los niveles de desocupación. Según esa interpretación, el hecho de que los convenios incluyan cláusulas en favor de los trabajadores, acordando condiciones laborales dignas y asegurando su cumplimiento, es la “causa” de que los empresarios busquen evadirlas, contratando “en negro”, o directamente no tomen más personal. Aquí conviene señalar dos cuestiones. Primero, que quienes así opinan evidentemente están favoreciendo una vuelta a los tiempos en que las patronales establecían unilateral y arbitrariamente todo lo referido a las condiciones de trabajo. Segundo, muy importante, se olvidan que las Convenciones Colectivas son tales porque se negocian y pactan de común acuerdo, entre el sector empleador y el sector trabajador, en comisiones paritarias, que por otra parte son homologadas –de acuerdo con la legislación vigente en el país- por la autoridad estatal de aplicación, el Ministerio de Trabajo. Es decir, nada más lejos de la realidad en nuestro país no hay una especie de “dictadura gremial” imponiendo condiciones al resto de la sociedad. Las causas del desempleo y del trabajo “en negro” tienen que ver, en realidad, con políticas –tanto públicas como privadas-que hacen a la inversión productiva y al cumplimiento de las normas vigentes. Una economía que sigue privilegiando la especulación, en lugar de la producción y del empleo genuino, formal y bien remunerado, es la que genera permanentemente el circulo vicioso del trabajo “informal” y la desocupación. El argumento de que las clausulas de convenio “generan” la mala calidad (o incluso la destrucción, como se oye a veces) del empleo, equivale a decir que los robos se producen porque las víctimas tienen algo que se les puede robar y no porque haya delincuentes sueltos.

Algo similar ocurre con el cuestionamiento al derecho de huelga. Un argumento que se suele emplear en contra de los paros y medidas de fuerza, es la remanada frase: “los paros no resuelven nada y perjudican a los propios trabajadores”. Desde ya que, como sabe todo dirigente y militante sindical, a ningún trabajador le gusta tener que recurrir a medidas de fuerza. Los asalariados saben mejor que nadie que se trata de una acción de lucha, que afecta su propia tranquilidad su seguridad y las de sus familias, que conlleva un sacrificio y un riesgo. Por eso solamente las lleva adelante cuando no le queda más remedio, cuando se han cerrado las puertas del dialogo y la negociación. Pero decir que “no sirven para nada” desconoce toda la historia del movimiento obrero, en la Argentina y en el mundo. No hace falta remontarse en los dos siglos y medio que lleva esa historia, para darse cuenta que si los trabajadores organizados no hubiesen luchado para obtener el reconocimiento de su dignidad hoy seguirán siendo “legales” las peores situaciones laborales de injusticia.

Una manera particularmente insidiosa de atacar esos derechos es cuando se afirma y se lee de manera reiterada –que existe una relación directa entre la defensa de los intereses de los trabajadores y la pobreza, a la que solo se solucionaría con un “aumento de la productividad”. El argumento es que los reclamos de los trabajadores serían los responsables de que esa productividad sea baja, y “por lo tanto”, generarían pobreza. A veces ese planteo llega al ridículo de insinuar que generan pobreza. Es lo mismo que decir que hay muchos accidentes de tránsito, violaciones o femicidios porque los familiares de las victimas salen a protestar en contra de ellos. Esta inversión de la relación entre la causa y efecto es la que hacen cuando pretenden comparar la situación de la Argentina con los países desarrollados, justamente en los EEUU y Europa se asiste a la peor distribución de ingresos, producto del debilitamiento del sindicalismo. El argumento de la “productividad”, por otra parte, suele confundir los conceptos. Lo que se requiere para reducir la pobreza es aumentar laproducción, es decir, la creación de bienes y servicios y garantizar el poder adquisitivo. Porque si el “aumento de la productividad” va a consistir en sobreexplotar el trabajo, quitándoles conquistas históricas a los asalariados o deteriorando las condiciones de trabajo, el resultado seguirá siendo mayor pobreza para el conjunto de la población. La Argentina, ha sufrido particularmente en el último cuarto de siglo, la prueba de que “aumento de la productividad” y “disminución de la pobreza” no necesariamente van de la mano. Finalmente, se suelen cuestionar los reclamos y el accionar de las organizaciones sindicales diciendo que son de índole “política”. Desde ya que todo lo que se relaciona con la toma de decisiones en una comunidad es política. No hay que tenerle miedo a esa palabra, los antiguos griegos la crearon hace más de dos mil años y en palabras de sus mejores filósofos, es el punto culminante de la ética y de los valores morales a la vida pública. Sin duda, en ese sentido, las organizaciones gremiales y sus acciones son parte de la política, no por aspiración de poder personal, sino para asegurar a sus representados, los trabajadores, las mejores condiciones de vida. Es política en el estricto sentido del término y siguiendo la concepción de que “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”.

JUAN CARLOS SCHMID

 Secretario General de la CATT