Luego de su primera noche preso, Jaime declarará ante Ercolini

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime pasó su primera noche detenido e incomunicado en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional y se encuentra en la alcaidía de los tribunales de Comodoro Py para declarar ante el juez por la causa de compra de trenes a España y Portugal.

 Ricardo Jaime y su asesor Manuel Vázquez llegaron por la mañana a la alcaidía de los tribunales federales de Retiro, luego de ser trasladados desde el edificio Centinela, de la Gendarmería, donde se encuentran detenidos desde el sábado. Hoy, quien se desempeñó como secretario de Transporte de la Nación entre 2003 y 2009, deberá declarar por la causa que investiga la compra de trenes realizada en 2005, valuada por la Auditoría General de la Nación en 100 millones de euros y cuyos vagones se encuentran arrumbados en depósitos ferroviarios como «chatarra».

El sábado, unas horas después de que Ercolini solicitara la detención de Jaime y de su ex asesor Manuel Vázquez, el ex funcionario -sobre quien ya pesan tres condenas vinculadas a causas en las que se lo imputa por su actuación como Secretario de Transporte- se entregó en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia homónima. 
 

Jaime y su ex asesor Manuel Vázquez -quien fue detenido ayer por Gendarmería Nacional en su domicilio de la localidad bonaerense de Acassuso- están sospechados de haber efectuado un pago con sobreprecios en la compra de trenes a España y Portugal; adquisición realizada en el marco del llamado «Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional». Así fue que, según consta en la causa, unos 100 millones de euros fueron erogados para la compra de vagones y locomotoras para el ramal Belgrano Cargas que, según el juez, «no sirvieron ni siquiera como repuestos». 
En la trágica historia reciente del sistema ferroviario argentino, Jaime, de 61 años, ocupa un rol protagónico al haber sido uno de los responsables de la tragedia de Once, de acuerdo a la justicia que lo condenó en diciembre de 2015 -sin sentencia firme- a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer como funcionario público por administración fraudulenta contra el Estado. 

Además, sobre el ex funcionario también recaen otras dos condenas: en 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba lo sentenció a seis meses de prisión por haber intentado robar pruebas durante un allanamiento en su casa durante la investigación de la causa por enriquecimiento ilícito. Y en octubre de 2015, el juez Ercolini lo condenó a un año y medio de prisión en suspenso por haber recibido dádivas de las empresas Trenes de Buenos Aires y Terminal de Retiro a las que debía controlar, y ordenó el decomiso de dos millones de pesos al ex funcionario.