La CGT comenzó a discutir la realización de un paro nacional contra el tarifazo y la reforma laboral.
La CGT comenzó a discutir la realización de un paro nacional contra el tarifazo y la reforma laboral. La posibilidad de instrumentar esa medida de fuerza fue abordada ayer por el Consejo Directivo de la central, que de ese modo puso en suspenso al menos por el momento su disputa interna y planificó mientras tanto una secuencia de protestas sectoriales que arrancará hoy con los gremios del transporte, que harán un acto simbólico. Así la plana mayor de Azopardo 802 volvió a madurar la opción de la huelga general tras el fiasco que resultó la última medida de ese volumen, el 18 de diciembre pasado, con un acatamiento mínimo.
Cruzado por enfrentamientos y una puja no resuelta por la sucesión, el triunvirato de líderes que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña volvió a encabezar hoy la reunión del máximo órgano ejecutivo de la CGT. La novedad es que las pujas pasaron a segundo plano y hubo un consenso amplio para iniciar un plan de acción directa que podrá desembocar en las próximas semanas en un paro general. Lo único que motivó pedidos de mesura de los sectores más dialoguistas fue el temor de quedar asociados con maniobras destituyentes en momentos de extrema debilidad del Gobierno nacional.
Por lo pronto, y como inicio de las protestas, la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) realizará hoy a las 11 una marcha desde en Diagonal Norte y Carlos Pellegrini hasta la sede del Ente Nacional de Regulación de la Energía (ENRE), en Suipacha 615, bajo la consigna «maldito tarifazo». El sello, que preside el triunviro Schmid y que lideran la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad (maquinistas ferroviarios) contará con el apoyo de la Juventud Sindical y de cuadros intermedios de varios gremios de la CGT que prometieron apuntalar la protesta.
Para el jueves próximo, en tanto, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) convocó a un paro en la última hora de dictado de clases de los colegios nocturnos con el mismo lema. Otros sindicatos, como la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) avisaron que prepararán por su cuenta otras manifestaciones de protesta. La idea, explicaron dirigentes de la CGT, será encadenar acciones todas las semanas en paralelo con negociaciones con los bloques legislativos para bloquear los tres proyectos de ley de reforma laboral y apoyar las iniciativas para dar marcha atrás con los tarifazos en los servicios públicos.
El sector alineado con Hugo Moyano fue el primero en plantear la necesidad de avanzar hacia un paro nacional. En esa línea se pronunciaron Agustín Amicone (calzado), Omar Plaini (canillitas) y el debutante Omar Pérez (camioneros), que ayer ocupó el lugar de secretario gremial de la CGT al que había renunciado Pablo Moyano un mes atrás. Lo secundaron los aliados de Luis Barrionuevo como el triunviro Acuña (estaciones de servicio). El contagio de entusiasmo a favor de un conflicto se enfrió con la intervención de Omar Maturano, de La Fraternidad. El maquinista les recordó que ningún paro general es efectivo sin la adhesión de su gremio y la UTA, sobre quienes recae la mayor responsabilidad para garantizar la suspensión de los servicios públicos de pasajeros.
En ese contexto se acordó emitir un documento con críticas a la política económica del Gobierno. De hecho su elaboración demandó varios borradores hasta que terminó por pactarse uno que planteaba mayor dureza y que advertía que la CGT «adoptará todas las medidas de acción sindical que considere necesarias para expresar el rechazo de los trabajadores a esta política económica que agudiza las desigualdades y no atiende las necesidades de los más vulnerables».
El texto recalca la necesidad de «restablecer una relación permanente entre el valor de los salarios y el de los servicios públicos» en línea con el proyecto de la oposición sobre las tarifas. Y a continuación pone el foco en que «la especulación financiera nuevamente eclipsa la producción, favorecida por tasas de interés exorbitantes e instrumentos financieros alentados desde el propio gobierno». Mientras que rechaza los proyectos de reforma laboral por entender que «atentan contra los derechos individuales de los trabajadores y disminuyen las indemnizaciones laborales».
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