La abogada Patricia Anzoátegui pidió hoy condenas de 10 años y 11 meses de prisión para los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el ex dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Claudio Cirigliano. A su vez, solicitó la absolución del maquinista Marcos Antonio Córdoba al sostener que «no se le podía exigir un plus, puesto que le entregaron un material inadecuado para el servicio»
La cuarta querella en el juicio por la tragedia de Once, donde murieron 51 personas, pidió hoy condenas de 10 años y 11 meses de prisión para los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el ex dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Claudio Cirigliano. La abogada querellante Patricia Anzoátegui pidió también en sus alegatos penas de entre 10 años y 11 meses, y 8 años de cárcel para el resto de los acusados, excepto para el maquinista Marcos Antonio Córdoba, para quien solicitó la absolución. Anzoátegui también solicitó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) que se abra una causa penal para investigar al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
«Los funcionarios ejercieron un control meramente formal. TBA filtraba el dinero a través de otras de sus empresas y gastaba el financiamiento de nuevos proyectos que terminaban en nada. Hacían caja, no mantenían los trenes», acusó la abogada.
Anzoátegui representa a los familiares de Darío Cellie, uno de los fallecidos en el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012. «Darío murió por asfixia. Se fue desangrando porque no lo podían sacar», recordó la abogada.
Anzoátegui pidió las penas por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración público, y en su acusación consideró como agravantes que el siniestro ferroviario haya causado conmoción social y la muerte y heridas de varias personas.
La audiencia de hoy cerró los alegatos de las querellas que actúan en el juicio y mañana a las 9 en los tribunales federales de Retiro será el turno del fiscal Fernando Arrigo, cuyo alegato demandará varias jornadas.
A diferencia de las dos primeras querellas que acusaron al maquinista, la tercera querella, a cargo de Leonardo Menghini Rey, tío de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas mortales, también acusó a todos los imputados menos a Córdoba. Menghini Rey pidió que Schiavi y Jaime sean condenados a 15 años de prisión y Cirigliano a 18 años.
Para la querellante Anzoátegui, Cirigliano «firmó el contrato de concesión» para hacerse cargo del sistema ferroviario y «organizó el desvió del dinero de la empresa TBA perjudicando el servicio».
La letrada pidió penas de entre 8 y 10 años y 11 meses de cárcel para los restantes ex directivos de TBA que están siendo juzgados, como su presidente Carlo Ferrari, su apoderado Carlos Lluch, el gerente de material rodante, Roque Cirigliano, y el resto de la línea gerencial y directivos. «No invertían el dinero en mantener las unidades y por eso se produce el resultado lesivo», sostuvo Anzoátegui.
La abogada consideró en su planteo que Jaime y Schiavi tenían como secretarios de Transporte la obligación legal de «supervisar» a TBA y no lo hicieron. La querella no acusó a Córdoba, al sostener que «no se le podía exigir un plus, puesto que le entregaron un material inadecuado para el servicio».
Al igual que la querella de Menghini Rey, Anzoátegui pidió que se investigue penalmente al actual ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al ex secretario ejecutivo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), Jorge Gustavo Simeonoff.
También requirió que se inicie una causa por presunto falso testimonio contra el perito oficial Raúl Díaz y contra los de parte Horacio Faggiani, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y Julio César Pastine, de TBA.
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