Hace 33 años el gobierno de Carlos Menem concretaba uno de los episodios centrales del denominado FERROCIDIO, traicionando a su base electoral y a la doctrina que lo forjó como político, convirtiendo al transporte en un negocio que enriqueció a una minoría y condenó a la Argentina al subdesarrollo.
El 10 de marzo de 1993 se ejecutó el cierre de alrededor de una veintena de servicios ferroviarios de pasajeros, dejando sin conexión al interior con la Capital Federal, sin trabajo a miles de ferroviarios y condenado al aislamiento a miles de pueblos. La Argentina perdía su red ferroviaria y lo que quedaba en pie continuaría funcionando bajo una gestión privada que, no solo no mejoró el servicio —como prometió el menemismo—, sino que lo empeoró rotundamente. El costo del traslado de mercancías se encareció al igual que el boleto para los pasajeros, que se vieron obligados a utilizar micros o autos particulares, a través de una infraestructura vial que se convirtió en el escenario de la principal causa de muerte de argentinos menores de 35 años: las rutas argentinas.
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