Medio siglo después del golpe militar de 1976, los argentinos seguimos reclamando justicia por los crímenes cometidos por la Junta Militar que interrumpió el orden democrático esa madrugada del 24 de marzo, inaugurando una larga noche que se prolongó hasta el 10 de diciembre de 1983.
La dictadura depuso las garantías constitucionales, disolvió el Congreso y estableció el estado de sitio, lo cual facilitó el terrorismo de Estado, la censura y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Suspendió la actividad sindical y partidaria, ocupó sindicatos, disolvió e intervino la CGT, prohibió huelgas y persiguió sindicalistas, resultando en la desaparición de un gran número de trabajadores.
Luego de un largo proceso que comenzó en 2012, en diciembre de 2016 se entregaron los legajos reparados de veinte trabajadores ferroviarios desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, entre los cuales se encontraba el del compañero Miguel Ángel Horton, ayudante de conductor de la seccional Esteban E. Coria (ex Santos Lugares), secuestrado de su domicilio en Caseros (Buenos Aires), el 30 de junio de 1977 cuando tenía 24 años, en un operativo ilegal de detención y posterior desaparición forzada.
La reparación histórica comenzó a partir del decreto 1199 del año 2012 que establece que en cada legajo conste que la verdadera causa de la baja o cesantía fue la desaparición forzada en manos del terrorismo de Estado en lugar de “baja”, “cesante”, “suspendido”, “limitar los servicios” o “despido”, como figuraba hasta el comienzo de la investigación.
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