La Confederación General del Trabajo (CGT) rechaza el intento del gobierno nacional de aplicar sanciones estrictamente políticas contra los compañeros y compañeras de La Fraternidad y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), como castigo por la adhesión de estos gremios a la convocatoria de la central obrera al contundente paro nacional del pasado 19 de febrero.
A través de un comunicado, publicado por el Ministerio de Capital Humano, el gobierno nacional anunció el inicio de sumarios contra ambas organizaciones sindicales, y la amenaza de aplicación de multas, imposibles de ser tomadas seriamente, que irían «desde el 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado» por las medidas de fuerza.
Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional, y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones.
Si a las autoridades del gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical.
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