La Fraternidad, el gremio de los maquinistas, puso en marcha una campaña en reclamo de mayores inversiones para los trenes que incluye la junta de firmas a nivel nacional. Desde el sindicato aseguran que el gobierno nacional pretende impulsar una “política antiferroviaria”.
El sindicato de conductores de trenes La Fraternidad lanzó hoy una campaña de junta de firmas y pega de afiches en todas las estaciones de trenes del país bajo el lema “No perdamos el tren. Por la recuperación de los trenes a todo el país”-
Desde el gremio denuncian que al igual que lo que ocurrió en los años ‘90, el gobierno prevé desregular y transferir los servicios de pasajeros de media y larga distancia a las provincias y a algunos municipios, y aseguran que esa política va a “contramano” de la ley que el año pasado creó Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado que, “con sus limitaciones, buscó centralizar los servicios y mejorar los tendidos férreos de todo el país”.
“Vamos a defender al sistema ferroviario con el público usuario, con los estudiantes, con los trabajadores, con los comerciantes, los técnicos y profesionales que saben que el sistema de transporte está colapsado y la salida es el ferrocarril”, sostuvo el Secretario de prensa del gremio, Horacio Caminos, a través de un comunicado.
Además, el gremialista dijo que “preocupa la paralización de obras de recuperación y renovación de vías que afectan servicios ferroviarios como Constitución Mar del Plata, Retiro Junín, Once La Pampa, entre tantísimas otras”. También existe malestar por el retraso en la conclusión de la obra de electrificación del ramal La Plata – Constitución.
Las luces de alerta se prendieron con mayor intensidad a partir de declaraciones vertidas a principios de mayp por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que consultado por el “Tren del Valle” que une Cipoletti con Neuquén dijo que la intención era ‘transferir la jurisdicción a las provincias, a las intendencias y en eso estamos trabajando. El gobierno nacional está metido en el medio. Diría que termina siendo hasta un obstáculo, por lo menos burocrático’.
Ante estas declaración, Caminos aseguró: “No queda duda de la política antiferroviaria del gobierno, que busca sanear las cuentas del estado en detrimento de la inversión ferroviaria, algo muy similar a lo que ocurrió en la década del 90”.
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