La fiscalía puso énfasis en por la falta de controles y mantenimiento en la línea Sarmiento que provocó la muerte de 21 personas el 22 de febrero de 2012
La Fiscalía inició hoy su alegato en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, que provocó la muerte de 51 personas, y apuntó a ex funcionarios kirchneristas y empresarios de Trenes de Buenos Aires (TBA) por la falta de controles y mantenimiento en la línea Sarmiento.
El fiscal Fernando Arrigo dedicó hoy la primera parte de su alegato ante el Tribunal Federal 2 (TOF2) a citar pericias, informes técnicos y declaraciones de testigos que revelaron falencias estructurales en las condiciones de seguridad de los trenes antes del siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012.
El representante del ministerio público consideró que tanto los funcionarios como los empresarios imputados «desatendieron la protección de la seguridad del transporte ferroviario» y estimó que «si cada uno hubiera cumplido con los deberes confiados, no habría ocurrido lo que ocurrió».
Arrigo comenzó a fundamentar en su alegato, que demandará varias jornadas, las bases de la acusación contra los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los hermanos Mario y Sergio Claudio Cirigliano que estaban al frente de la concesionaria ferroviaria, y el maquinista Marcos Córdoba, entre otros acusados.
La Fiscalía manifestó hoy su intención de acusar a los ex funcionarios kirchneristas por los delitos de «administración fraudulenta» y «estrago».
«Ambos secretarios de Transporte de la Nación estaban en pleno conocimiento de que la política empresarial tenía un pleno déficit de mantenimiento y que TBA no efectuaba la reparaciones correspondientes», sostuvo.
Arrigo afirmó que Jaime y Schiavi permitieron que «TBA operara con un sinfín de graves fallas en la seguridad», situación que «hacía previsible este desenlace fatal y trágico» que significó el siniestro ferroviario.
El fiscal aseguró que los informes técnicos permiten establecer que hubo un «círculo vicioso» entre el Estado y la concesionaria TBA que resintieron las condiciones de seguridad del sistema ferroviario y evitaron controles que debían cumplirse.
Arrigo advirtió sobre una falta de incumplimiento «grave y generalizado» de los planes de mantenimiento que debía realizar TBA para prestar el servicio y subrayó que «la empresa privilegió sus intereses económicos a la prestación del servicio».
La audiencia con el alegato del fiscal Arrigo comenzó esta mañana y por decisión de los jueces del TOF 2 pasó a un cuarto intermedio hasta la tarde, después de que la Fiscalía cuestionó la ausencia del empresario Mario Cirigliano, uno de los 28 imputados, en la sala de los tribunales de Retiro. Las cuatro querellas que representan a familiares de víctimas realizaron pedidos divididos de condenas para los imputados: dos pidieron penas de 22 años para la maquinista por considerarlo el único responsable del siniestro ferroviario y las otras dos consideraron inocente al motorman y reclamaron condenas de hasta 18 años de cárcel para ex funcionarios y empresarios de TBA.
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